Paso histórico: 35 años después de aprobada la ley de radiodifusión de la dictadura

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La Cámara de Diputados tratará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en sesión especial el próximo 10 de diciembre.

 

Fabián Werner

El Poder Ejecutivo dio a conocer en los últimos días la versión definitiva del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que será discutido por la Cámara de Diputados.

Uno de los puntos centrales del proyecto, la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual de cinco miembros, cuatro de los cuales serían elegidos por la Asamblea General en un proceso público, fue retirado del proyecto a último momento debido a una posible limitación constitucional.

 

Los asesores de la bancada oficialista advirtieron que no se pueden crear cargos en los 12 meses previos a las elecciones por prescripción constitucional (art. 269), por ello, los diputados del Frente Amplio pasaron en forma provisoria, las competencias del Consejo a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC), un organismo dependiente del Poder Ejecutivo que regula las telecomunicaciones.

Sin embargo, esta solución fue criticada por la sociedad civil e incluso por la Presidencia de la República. La Coalición por una Comunicación Democrática difundió un comunicado en el que advierte que mantener todas las competencias de un órgano regulador de medios en manos de la URSEC es una mala señal, debido a su historial como organismo que nunca aplicó las pobres regulaciones de medios y a su dependencia política del Ejecutivo.

 

La Coalición insistió que pese a las limitaciones constitucionales se puede crear el Consejo, como ya se ha hecho en el pasado con la creación de otros organismos en el año electoral. Es posible crear el Consejo, dotarlo de sus competencias, y aprobar una nueva ley después del año electoral para regular los cargos del mismo y la remuneración sus integrantes.

De hecho, varios medios de prensa indicaron que el Presidente de la República tampoco quedó conforme con la solución dada en la bancada de diputados, y prometió que sus asesores trabajaran junto al Senado para resolver este punto y re-establecer en la segunda cámara todas las garantías para el ejercicio de la actividad fiscalizadora y reguladora.

 

AMPLIO DEBATE

La comisión de Industria de la Cámara de Representantes votó la semana pasada el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y lo remitió el plenario con un dictamen negativo (los tres diputados oficialistas votaron a favor y los tres opositores en contra).

Es que durante la discusión en la asesora parlamentaria, en la cual se escuchó la opinión de más de 50 delegaciones a favor y en contra de la propuesta del gobierno, ahora el texto se encuentra en etapa de revisión en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Debido a la complejidad del articulado la intención inicial de votar el proyecto en el plenario a finales de octubre ya fracasó, por lo que el oficialismo intenta incluir el tema en el orden del día de las primeras sesiones de noviembre (ver el nuevo articulado adjunto).

 

El proyecto que se pondrá a consideración de los legisladores tendrá varios cambios significativos respecto al texto que remitió el Poder Ejecutivo a comienzos de año. Uno de los temas que fueron objeto de modificación radicó en la integración del Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), encargado de la aplicación de la nueva ley, aunque ahora en duda por la discusión constitucional que vimos al comienzo de esta nota.

 

La redacción original establecía que los cinco miembros fueran designados políticamente (tres por el presidente, uno por el ministerio de Industria y otro por el de Educación), pero ahora sólo uno será designado por el titular del Ejecutivo, mientras que los cuatro restantes lo serán por dos tercios de votos de la Asamblea General legislativa. En caso de que no se llegue a esa mayoría especial en la primera votación será suficiente una mayoría simple.

 

La destitución de estos cuatro integrantes del CCA (que tendrán un mandato de seis años, prorrogable por otros tres) sólo podrá disponerse mediante una nueva votación por mayoría especial en el parlamento, mientras que el miembro designado por el Ejecutivo (cuyo período caducará con el cambio de gobierno) podrá ser destituido por voluntad presidencial. Otra modificación que dotará al consejo de mayor independencia refiere a que ya no estará subordinado a la Comisión de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia, como establecía el texto original, sino que tendrá una vinculación administrativa con el MIEM.

Por otra parte el oficialismo también aceptó modificar el capítulo referido a los servicios de comunicación públicos y desistió de su idea original de que fueran una persona pública no estatal. Debido a la oposición de la sociedad civil y de los trabajadores de estos organismos (entre los que se encuentran el canal 5 y las radios del SODRE), finalmente se resolvió que pasarán a ser servicios descentralizados.

 

SIN DEFENSORES

El proyecto también establece la creación de un Defensor de las audiencias, que será el encargado de controlar el cumplimiento de varias disposiciones de la futura ley e incluía la obligatoriedad de que cada uno de los servicios audiovisuales (públicos o privados) tuviera un defensor de las audiencias dentro del medio. Sin embargo, luego de la presión ejercida por los propietarios de los medios comerciales, esta obligación se resigna en el nuevo texto y apenas el Estado se limitará a “promover su existencia”.

También sufrió modificaciones el capítulo referido a la publicidad infantil, ya que varios artículos fueron suprimidos a fin de eliminar una posible “discrecionalidad en la aplicación y el control”, según explicó el presidente de la comisión parlamentaria Carlos Varela. El gobierno cedió así ante los reclamos de empresarios de las agencias de publicidad que sostenían que dichas restricciones limitaban su libertad en la creación de contenidos y la elaboración de mensajes.

 

Este cambio fue expresamente rechazado por las organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática, que reclamaron que se conservara la redacción original del artículo 32 a fin de mantener todas las obligaciones establecidas en primera instancia para regular la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes.

 

PROTECCIÓN AL MENOR

Por otra parte, donde se amplió el alcance de la regulación fue en el horario de protección al menor (entre las 6 y las 22 horas) que ahora también incluye a las señales de televisión para abonados. Esto afecta la emisión de imágenes violentas, pornografía, apología del consumo de drogas, entre otros contenidos, aspecto que no estaba contemplado en la redacción inicial.

 

Según dijo el ministro Roberto Kreimerman en el parlamento, la única excepción a esta regla se podrá producir durante los informativos y sólo luego de un aviso previo a fin de prevenir a los adultos para proteger al público infantil, tal como sugirió el relator especial de la ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue.

 

La Rue fue junto a la relatora de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Catalina Botero, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch José Miguel Vivanco, el coordinador del Programa Américas del Comité de Protección de Periodistas Carlos Lauría, y el director de las Américas de Reporteros Sin Fronteras Benoit Hervieu, uno de los expertos internacionales en comunicación que manifestó su respaldo a la LSCA y sugirió cambios que mejoraron el texto.

Además, su opinión permitió comparar el proyecto uruguayo con otras iniciativas impulsadas en otros países de la región y descartara supuestas desviaciones autoritarias atribuidas por políticos de la oposición y empresarios. De hecho, durante un encuentro realizado el viernes 4 de octubre, Botero afirmó que la futura ley uruguaya se convertirá en “un ejemplo a seguir para toda América Latina”.

 

LO QUE FALTA POR HACER

En medio del debate parlamentario, el pasado 18 de octubre la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) emitió un comunicado en el que celebró buena parte de las modificaciones introducidas al proyecto original, pero también señaló la necesidad de avanzar con algunas otras que “aseguren la posibilidad de tener una ley que regule la comunicación de manera integral”.

Entre estos aspectos a mejorar la CCD mencionó la necesidad de que al menos un integrante del consejo sea propuesto directamente por las organizaciones de la sociedad civil; la inclusión de un capítulo que incorpore la obligación de desarrollar una estrategia de Educación para la Comunicación a nivel del sistema educativo formal y no formal; establecer a texto expreso que la Institución Nacional de Derechos Humanos contará con recursos específicos para designar una Relatoría de Libertad de Expresión y Defensoría de las Audiencias; legislar la cláusula de conciencia para todos los trabajadores de la comunicación, incluyendo además de los periodistas, a los publicistas, actores, etcétera; mejorar la redacción relativa al principio de indelegabilidad de la gestión de los servicios de comunicación audiovisual a personas distintas a los permisarios; y aumentar los recursos previstos para el Fondo de Desarrollo Audiovisual y precisar sus mecanismos de distribución.

 

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